Con esta medida se pretende que las operaciones comerciales dejen siempre un rastro que dificulte la utilización de dinero negro. Además, en el caso de las empresas, limitar el pago en efectivo supone un obstáculo a la utilización de facturas falsas. Este típico fraude consiste en que una empresa que tributa en el IRPF por el sistema de módulos emite una factura por un servicio que no ha prestado para que otra compañía pueda desgravarse un IVA que, en realidad, nunca ha pagado. Tanto el PSOE como Izquierda Unida propusieron durante la campaña electoral medidas en el mismo sentido.

Por otra parte, el nuevo plan, en palabras de Sáenz, pretende incentivar las regularizaciones voluntarias y ampliar "el ámbito del borrador del IRPF". Ello, según el Gobierno, permitirá destinar más efectivos a la lucha contra el fraude. La finalidad es que los inspectores de Hacienda pisen más la calle y estrechen la colaboración con sus colegas de Trabajo. La vicepresidenta cifró el objetivo de recaudación en 8.100 millones, una cifra inferior a los 9.400 millones que, en diciembre, Hacienda estimó que se recaudarían en 2011 por "actuaciones directas de control". En cualquier caso, hay que tener en cuenta que es habitual mantener una política conservadora al fijar los objetivos. De hecho, el anterior Gobierno, contemplaba en los Presupuestos para 2011 que los ingresos por la lucha contra el fraude generarían 7.272 millones de euros. Así, el objetivo de recaudación establecido por el Gobierno de Rajoy para 2012 es un 13% superior a lo presupuestado el año anterior.

El portavoz de la Organización de Inspectores de Hacienda, Francisco de la Torre, celebró que una de las primeras medidas que adopta el Gobierno se centre en reducir la economía sumergida. "Ello significa que el Ejecutivo reconoce que existe un problema de fraude en España", señaló. Además, valoró que fuera la vicepresidenta del Gobierno quien, tras un Consejo de Ministros, anunciara las líneas maestras del plan contra la evasión fiscal.

En este sentido, aplaudió el objetivo de Hacienda de incrementar los esfuerzos para que las deudas tributarias detectadas finalmente se consigan cobrar. No resulta extraño que la inspección descubra fraudes fiscales que, sin embargo, no se traducen en un aumento de los ingresos.

Tras la fuerte subida fiscal aprobada en el anterior Consejo de Ministros, ayer, el Ejecutivo de Rajoy, que sigue sin hacer declaraciones desde el discurso de investidura, quiso demostrar a los contribuyentes que habrá tolerancia cero con los defraudadores. De hecho, a los funcionarios de Hacienda no les afectará la medida que impide la reposición del personal en el sector público.

( Cinco Dias 6-1-2012 )